La última Coca-Cola que se abrió en mi casa fue hace diez meses.

Ya ni recuerdo la última vez que una moto le trajo papas fritas a mi familia.

Sé de sobra que el azúcar es veneno en la sangre y que los bocaditos que le prohibo a mis hijas están a una molécula de ser plástico.

Y a pesar de eso, estoy en contra de la bautizada Ley Chatarra, esa que busca prohibir que se anuncie esos productos en menores de dieciséis o se los utilice en los anuncios.

¿Por qué? Porque es una salida fácil y demagógica, cuando lo que se requiere de parte de un Estado inteligente es una estrategia integral de salud. Lanzar esa ley es como prohibirle a una adolescente que vaya a fiestas por miedo a que tenga sexo inseguro, cuando lo razonable es dotarle de conocimiento y de herramientas a ella y a su entorno.

Pero claro, es más fácil lo primero.

Con el plus de que te quedas con la sensación distorsionada de que has cumplido tu deber.

Para que las fábricas de gaseosa dejen de embotellar azúcar bajo la excusa de la felicidad y las industrias del piqueo dejen las grasas y se vuelquen a las frutas, la salida no está en regular sus anuncios. La solución está en que una ciudadanía informada tome distancia de ellas y, ojalá, hasta las condene. Tal como ocurre en ciertas artes marciales, presidente Humala, quizá haya que usar esas mismas armas que los anunciantes de alimentos dudosos utilizan. Sí, presidente: utilice esas mismas pantallas que pretende regular y llénelas de campañas creativas, pero demoledoras, para que cada padre de familia y para que cada niño peruano sepa las consecuencias de los excesos de embutirse el contenido de un empaque vistoso. Utilice las escuelas como caja de resonancia. Haga de los centros de salud embajadas de la buena alimentación. Piense en el todo, y no solo en la parte más visible.

Explicarle a un niño –o a un adulto– de los peligros siempre será más sabio que protegerlo sin su consentimiento.